Aplicación de estándares territoriales para áreas complementarias de la UAF

Abstract

Al Estado le corresponde garantizar la vida honra y bienes de sus ciudadanos, de modo que su intervención debe procurar la optimización de los mandatos constitucionales y su armonización con el contexto jurídico global de los cuales parte buscando la mayor efectividad y beneficio posible de sus gobernados y bajo una visión prospectiva propender por el desarrollo. Como prevé el artículo 334 Constitucional, la dirección general de la economía está a cargo del Estado, quien interviene, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía en aras de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, punto común a todos los sectores productivos, entre ellos el agropecuario. Uno de los sectores más relevantes para Colombia como país esencialmente rural ha conducido a la gestión de una política pública integral que conlleve al equilibrio de la producción, la intervención de la actividad económica en un contexto de ordenamiento productivo y social de la propiedad eficientes. Dentro de la política agraria el acceso a tierras ha sido un derrotero histórico al propender porque, a través de la reforma agraria, de antaño y actualmente del ordenamiento social de la propiedad se busque mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrarios, romper las brechas existentes entre el campo y la ciudad y buscar la convergencia entre el programa político del Estado y la superación de las causas del modelo transicional que dio origen al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.