Plan departamental de extensión agropecuaria de Valle del Cauca : PDEA Valle del Cauca 2024 – 2027 

Abstract

Con el fin de promover mecanismos esenciales para mejorar la competitividad, productividad y sostenibilidad del sector agropecuario, el congreso de la República de Colombia, expidió la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se crea el sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”, dejando derogada la Ley 607 de 2000. Dicha Ley, tuvo como objetivo principal la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), el cual se compone de tres subsistemas: 1). Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, 2). Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, 3). Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria; así mismo, indicó la obligación que tienen los Departamentos de establecer un único Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, como instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en cada uno de los municipios de jurisdicción del Departamento para lograr la innovación y el desarrollo agropecuario, como orientador de los mecanismos estratégicos y operativos, con unos principios fundamentales como asociación, empoderamiento y compromiso; fortalecimiento de capacidades, apoyo técnico, conciencia cultural, uso sustentable de los recursos naturales, seguridad y soberanía alimentaria y economía familiar campesina y comunitaria. En ese orden de ideas, y en el marco de la Política de Ordenamiento Productivo y Social, se articula desde la Gobernación del Valle del Cauca y con acompañamiento de la A.D.R (Agencia de Desarrollo Rural), la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuario (PDEA), en busca de generar un instrumento de planificación que defina los elementos estratégicos y operativos para prestar el servicio de extensión agropecuaria. El PDEA incluye una evaluación territorial que implica reconocer la diversidad biológica y las especificidades geográficas, sociales, económicas, étnicas y culturales; asimismo el enfoque diferencial que significa, reconocer las diferencias de las personas de acuerdo al género, etnia, situación de discapacidad, ingreso y/o patrimonio y todas las condiciones especiales, como lo es la condición de víctima de conformidad con los dispuesto en la Ley 1448 de 2011.